Puerto Cabello, marzo 6 (REDACTA).- Miembros de la Contraloría Social del sector Rancho Grande denuncian irregularidades en la aducción de las redes de agua potable que se realiza actualmente en esta comunidad. “Los ingenieros de la obra en ningún momento presentaron la documentación legal, para nosotros poder evaluar los cambios que se harían durante la obra; además corroborar si la empresa que realiza los trabajos cuenta con el permiso sanitario, el cual es necesario para el cambio de tuberías de agua potable”. Así lo denunció Oswaldo Frontado, en compañía de Luis Morón, Tirso Navarrete y Luis Servelión, como representantes de la Contraloría Social para la aducción de redes de aguas potables de la urbanización Rancho Grande.

Frontado explicó que “desde hace algún tiempo solicitamos por escrito ante la Oficina de Ingeniería Municipal y a la dirección de la Alcaldía, toda la documentación donde se justifica la aprobación del cambio de redes de agua potable para todo el sector, papel que en ningún momento hemos recibido”. Asimismo destacó que la mayor molestia del grupo de contralores es que desde el día jueves 1 de marzo, arrancó la obra del cambio de tuberías, a pesar de que la documentación no ha sido presentada, “los obreros de la empresa Roca Mix, ya están trabajando en la sustitución de las nuevas tuberías, a pesar de que no hemos recibido los papeles de la obra”, aseguró el Contralor Social. En el mismo orden de ideas, Frontado destacó que la solicitud para los cambios de las tuberías se realizó en el año 2002, siendo en el mes de enero del año en curso cuando se aprobó la instalación de las nuevas tuberías.

- Estas redes de aguas blancas tienen más de 30 años sin ser cambiadas, por tal razón debe aprovecharse la oportunidad para hacer un trabajo de calidad y no una obra para salir del paso; por lo que debemos tener un soporte del trabajo que los obreros están realizando, para que así los vecinos de Rancho Grande cuenten con un servicio óptimo, puntualizó el representante de la Contraloría.

Por tal motivo exigen a los encargados de esta obra entreguen con prontitud la documentación, a fin de poder demostrar a la comunidad de Rancho Grande la transparencia de la ejecución de los cambios de tuberías en la citada comunidad. (EGM)

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Caracas, martes 06 de marzo, 2007
Nacional y Política
MARIANELA RODRÍGUEZ ESPECIAL PARA EL UNIVERSAL
Valencia.-Edgar Barrios, Alí Espinoza, Carlos Valderrama, Ramón Barreto, Eliú Rodríguez y Marcial Urbaneja, como representantes del Frente Revolucionario de Trabajadores y Delegados de Prevención "Pedro Camejo", denunciaron que la ausencia de medidas de seguridad en el embarque y desembarque de los buques en la zona primaria del puerto de Puerto Cabello ha hecho que este trabajo sea un verdadero peligro para los trabajadores.
Exhortan a las autoridades regionales y locales del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) a intervenir ante el Instituto Puerto Autónomo de Puerto Cabello para que revisen los procesos de seguridad.
Los trabajadores dijeron que en las instalaciones del Ipapc se manejan diariamente más de 9 mil toneladas de carga peligrosa y que las medidas impuestas actualmente no son con la complejidad y riesgos de este tipo de operaciones. Dijeron que las instalaciones no cuentan con un plan de emergencia para atender las contingencias que se presenten.
"Cada hora en los muelles se manejan materiales y sustancias explosivas, inflamables, corrosivas y contaminantes; a granel o envasadas en bidones, cajas, sacos, bultos, toneles y contenedores, por lo que las medidas de seguridad deben ser rigurosas y aplicadas las 24 horas del día", puntualizaron.
El pasado 23 de febrero, Niurvis Rivas (48), ingeniero agrónomo del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (Sasa), adscrito al Ministerio de Agricultura y Tierras, perdió ambas piernas durante un accidente laboral que se registró en la zona primaria del puerto de Puerto Cabello.

Artículo publicado el 05/03/07
Puente está a punto de colapsar
Reporte: Litsy Sanz Navas Redacción: Mariandreína Ruiz Roa
Valencia (REDACTA).- A partir de este lunes, Inparques prohibió el ingreso de autobuses al Parque Nacional Morrocoy, tras el inminente riesgo de que ceda el puente Punta Brava, única conexión terrestre entre la población de Tucacas y este reservorio natural que comprende unos nueve kilómetros de costa. Tal medida fue tomada tras una inspección realizada por el director general del Instituto Nacional de Parques (Inparques), Julio Cegara, en la que constató el estado de este puente que tiene unos 500 metros de largo.

Transcendió que si la infraestructura no es reparada durante las próximas semanas, también se restringirá el acceso de los vehículos particulares, por lo que se está discutiendo el mecanismo que se ejecutará para ingresar al Parque; ya que podría implementarse un sistema de trenes, carretas, o algún otro método.

No obstante, Cegara informó que tiene previsto reunirse con las autoridades del Ministerio de Infraestructura para plantearle la situación del puente y buscar una solución pertinente.

Hay que recordar que antes de tomar esta medida, los autobuses podían ingresar e incluso permanecer a orillas de la playa, pero a partir de carnaval sólo se les permitía dejar a los pasajeros y luego retirarse, no obstante, la nueva orden es dejar a los vacacionistas en las “puertas” del parque. Transcendió que si este puente no se repara pronto, también se restringirá el acceso de los vehículos particulares.
(Foto Archivo)

Junto a esta visita, se realizó un operativo de limpieza profunda –es decir en zonas de mar abierto– a cargo de cooperativas de buzos, miembros de Inparques, de la Fuerza Armada Nacional y colaboración de la comunidad. Además se acordó sancionar a las personas que viertan basura dentro del parque y que contribuyan a su contaminación, por lo que se instó a los visitantes a colaborar con este proyecto a fin de que se pueda disfrutar plenamente de estas playas turísticas.

Artículo publicado el 23/02/07
Maritza Villarroel O.

Caracas, febrero 22 (REDACTA).- La plenaria de la Asamblea Nacional sancionó la Ley Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio.

Dicha derogatoria prevé no conceder una nueva vacatio legis a esta norma el venidero 28 de febrero, fecha en que debía entrar en vigencia la Ley Orgánica para la Planificación y la Gestión de la Ordenación del Territorio, sancionada y publicada en la Gaceta Oficial Nº 38388 de fecha 1º de marzo de 2006.

Contempla que siguen en vigor la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. La Comisión de Ambiente tiene ya casi finalizada una nueva Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio, que modifica sustancialmente la normativa derogada.

Territorios comunales o sociedades socialistas

Cabe destacar, que a través de una nueva ley se crearán territorios comunales o sociedades socialistas, las cuales contarán con todos los servicios públicos y tendrán gran protagonismo en las decisiones de Estado, informó la AN en su página web.

El diputado Manuel Briceño Méndez (MVR/Mérida), miembro de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación Territorial, explicó que la mencionada legislación facilitará el desarrollo y puesta en marcha del Cuarto Motor anunciado por el presidente de la República, Hugo Chávez Frías.

“La aprobación de esta ley es muy significativa para el país, porque la misma le permitirá al Ejecutivo Nacional redactar un nuevo instrumento que permita integrar las estrategias nacionales y la nueva visión del Estado venezolano en relación con la nueva estructura territorial de la Nación”, dijo el parlamentario.

Agregó, que esa nueva estructura territorial del país incorporará, de manera más directa, al Poder Comunal en las decisiones y la gestión del territorio. “Todo esto se realizará sobre la base de unas unidades territoriales donde la gestión pública sea más fluida, coherente y que responda a la visión de integralidad que viene anunciando el primer mandatario nacional”, precisó Briceño Méndez.

Asimismo se sancionó la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cooperación en Materia de Tecnología de la Información, Industria del Software, Equipamiento Informático y Comunicaciones, entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Oriental del Uruguay, ordenado su remisión al Ejecutivo Nacional a los fines de promulgación y publicación en la Gaceta Oficial.

Igualmente, la AN autorizó al Ejecutivo Nacional para decretar dos créditos adicionales por 1.5 billones de bolívares para el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas, recursos que serán transferidos a los Consejos Comunales.

La plenaria también aprobó por unanimidad la propuesta presentada por el diputado Luis Tascón de realizar el próximo martes 27 de febrero, a las 10 de la mañana, una sesión especial para conmemorar los 18 años del denominado Caracazo, ocurrido en 1989 durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez, la misma se efectuará en la parroquia El Valle de Caracas.